Todos los contribuyentes están obligados a cumplir con esta normativa a partir del 2022. De no hacerlo tendrán sanciones administrativas que parten de un 20% de la cifra de negocio con un mínimo de 20.000 euros y de ser reincidente esta sanción sube al 30% de su cifra de negocio, con un mínimo de 30.000 euros.
También habrá sanciones para aquellos que manipulen datos o los programas informáticos con sanciones del 20% de la cifra de negocio con un mínimo de 40.000 euros. Si se es reincidente suben al 30% de la facturación del ejercicio anterior con un mínimo de 60.000 euros.
El retraso en la obligación de llevar los libros registros a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Álava mediante el suministro de los registros en los términos establecidos reglamentariamente, multa pecuniaria proporcional de un 0,5 por ciento del importe de la factura u otro documento en soporte electrónico o en soporte papel que justifique la operación objeto de registro, con un mínimo trimestral de 300 euros y un máximo de 6.000 euros.
Las sanciones son uno de los puntos más a tener en cuenta, ya que serán muy estrictos y como vemos, las irregularidades que se produzcan tanto por las empresas como por las suministradoras del servicio se pagarán caro.
