Todos los contribuyentes están obligados a cumplir con esta normativa a partir del 2022. De no hacerlo tendrán sanciones administrativas que parten de un 20% de la cifra de negocio con un mínimo de 20.000 euros y de ser reincidente esta sanción sube al 30% de su cifra de negocio, con un mínimo de 30.000 euros.
Si la irregularidad no es común y se trata de una transacción única, la sanción será de 2.000 euros por operación realizada de forma ilícita
También habrá sanciones para aquellos que manipulen datos o los programas informáticos con sanciones del 20% de la cifra de negocio con un mínimo de 40.000 euros. Si se es reincidente suben al 30% de la facturación del ejercicio anterior con un mínimo de 60.000 euros.
Estas sanciones son a nivel general pero dentro de cada provincia puede haber ajustes o cambios.